La concesión del tercer grado a presos de ETA que no han mostrado arrepentimiento ha generado una intensa polémica en España. Las víctimas del terrorismo han alzado sus voces para denunciar lo que consideran una medida injusta y ofensiva para quienes han sufrido las consecuencias de décadas de violencia terrorista.
Organizaciones de víctimas de ETA, como la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Covite, han expresado su profundo malestar ante la decisión de conceder el tercer grado a aquellos presos que no han demostrado remordimiento ni han colaborado con la justicia para esclarecer casos aún sin resolver. Estas asociaciones sostienen que la medida menoscaba los derechos de las víctimas y desvirtúa el valor de la justicia y el estado de derecho.
La AVT, en un comunicado reciente, ha recordado que las víctimas del terrorismo siguen esperando justicia y reparación. "Conceder beneficios penitenciarios a personas que no han mostrado arrepentimiento es una burla al dolor de las víctimas y sus familias", ha señalado Maite Araluce, presidenta de la AVT. Este sentimiento de indignación no es aislado, sino común entre quienes sufrieron en carne propia los atentados de ETA.
Desde Covite, Consuelo Ordóñez ha manifestado que la concesión del tercer grado a presos no arrepentidos es "una muestra de impunidad" que socava la confianza en las instituciones del Estado. Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del Partido Popular asesinado por ETA en 1995, defiende que no puede haber beneficios penitenciarios sin un arrepentimiento sincero y efectivo.
El tercer grado, que permite a los presos cumplir su condena en régimen de semilibertad, es visto por estos colectivos como un paso atrás en la senda por la justicia y la memoria de las víctimas. En este contexto, las víctimas de ETA denuncian el tercer grado a presos no arrepentidos como una decisión que diluye el significado de la condena y la reparación social.
En el ámbito político, esta concesión ha reavivado críticas en sectores de la derecha española, que ven en esta medida una concesión "inaceptable". El Partido Popular y Vox han exigido una revisión de los criterios para otorgar el tercer grado y han reclamado mayor rigor para garantizar que solo puedan acceder a estos beneficios quienes hayan demostrado un firme propósito de enmienda.
Por su parte, el Ministerio del Interior ha defendido la legalidad y oportunidad de la medida, argumentando que cada caso se evalúa de manera individual y siguiendo estrictamente lo establecido en la legislación penitenciaria. Según el ministerio, la política penitenciaria tiene como uno de sus pilares fundamentales la reinserción de los reclusos, siempre dentro del marco de la legalidad.
Sin embargo, las víctimas del terrorismo insisten en que esta reinserción no puede realizarse a costa del sufrimiento y la memoria de quienes han perdido a sus seres queridos. “Reivindicamos una justicia que no olvide el dolor de las víctimas y que no traicione sus esperanzas de verdad y reparación”, concluyen desde la AVT.
En conclusión, el debate sobre la concesión del tercer grado a presos de ETA no arrepentidos sigue abierto y refleja la tensión entre la búsqueda de una justicia reparadora para las víctimas y las políticas orientadas a la reinserción de los reclusos. Las víctimas de ETA denuncian el tercer grado a presos no arrepentidos como un acto que socava la labor de décadas de lucha contra el terrorismo y la búsqueda de paz y justicia en España.
